Por la presente declaración reafirmamos: nuestro más enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el Derecho Internacional, incluidas aquellas acciones unilaterales aplicadas por motivos políticos contra nuestro pueblo, que afectan su bienestar y está concebida para impedir que se ejerza su derecho a la libre determinación del pueblo de Cuba, su sistema político, económico y social.
Rechazamos enérgicamente la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho
Internacional como la Ley Helms-Burton y Torricelli, y sus efectos extraterritoriales y exigiendo al Gobierno de los Estados Unidos de América el fin del bloqueo impuesto a nuestro pueblo, así mismo rechazamos al recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, lo que es contrario a la voluntad política de Cuba.
Recordamos el rechazo casi unánime que desde 1992, en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado en 24 resoluciones de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestro pueblo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, destacando el apoyo de 191 de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a la más reciente Resolución A/RES/70/5, aprobada el 27 de octubre de 2015.
Por lo que en aras de lo anterior exigimos al Gobierno de los Estados Unidos de América el cumplimiento de las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se atienda a los reiterados llamados del pueblo cubano y la comunidad internacional para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, que es contrario al Derecho Internacional, causando daños cuantiosos e injustificables, y violando los derechos humanos del pueblo Cubano.
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